Un vistazo a los proyectos de ley propuestos para la próxima sesión legislativa de Nevada demuestra que la transparencia parece ocupar un lugar bajo en la lista de prioridades de los legisladores.

Esto es evidente cuando uno lee las muchas solicitudes de proyectos de ley – el primer paso en el proceso legislativo – ya presentadas.

Nevada exige a los legisladores que deseen presentar una ley que presenten una solicitud de proyecto de ley, o BDR, para cada proyecto de ley propuesto. Las solicitudes pueden ser presentadas por los legisladores, los comités legislativos, el gobernador, las agencias estatales y los gobiernos locales. Las solicitudes se envían a la Oficina de Asesoramiento Legislativo, que las redacta en un lenguaje adecuado. Cada solicitud va acompañada de un resumen, que se publica en línea.

Las solicitudes de proyectos de ley para la sesión de 2023 han estado llegando durante más de un año. Los nevadenses, sin embargo, permanecerán desinformados sobre los fundamentos de muchos proyectos de ley hasta poco antes de que se presenten.

Esto se debe a que los legisladores muchas veces optan por la ambigüedad en vez de la transparencia cuando presentan los resúmenes de los proyectos de ley. Esta falta de transparencia no sólo da mala imagen, sino que también afecta a la capacidad de los nevadenses para expresar sus preocupaciones sobre las propuestas que consideran problemáticas.

Algunas solicitudes de proyectos de ley presentadas para la próxima sesión legislativa.
Consideremos una solicitud de proyecto de ley presentada el 1 de agosto de 2022: Su resumen simplemente dice: “Revisa las disposiciones relacionadas con los automóviles de propiedad estatal”.

Este lenguaje impreciso podría significar cualquier cosa, desde exigir que los coches de propiedad estatal tengan navegación GPS hasta obligar a que todos los vehículos estatales sean propulsados por cohetes. Es decir, el resumen no dice mucho de nada.

Los nevadenses tienen suerte de que ya se haya redactado el texto de este proyecto de ley, que se presentó como Proyecto de Ley de la Asamblea 26 el 16 de noviembre. El proyecto de ley, presentado por el Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea en nombre de la división de compras del Departamento de Administración, exigiría a las entidades estatales que compren automóviles que “den preferencia a los automóviles que minimicen los gastos de funcionamiento a largo plazo y las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Como ocurre con muchos proyectos de ley, el AB 26 puede ser controvertido. Pero la capacidad de identificar los objetivos de la legislación propuesta, y de organizar la oposición que una persona o grupo considere necesaria, se ve obstaculizada cuando las personas y organizaciones no tienen tiempo para ponerse al día sobre la legislación propuesta.

Hasta el 22 de enero se habían presentado más de 900 solicitudes de proyectos de ley. De ellas, menos de 140 se han convertido en proyectos de ley. ¿Hasta qué punto es opaco el proceso actual? De las más de 100 solicitudes de proyectos de ley relacionados con la educación, sólo 21 contienen el simple resumen de “Revisa las disposiciones relativas a la educación”.

Obligar a los ciudadanos a esperar a que los proyectos de ley estén completamente redactados -lo que puede no ocurrir hasta que la sesión esté en marcha- no es forma de gestionar un gobierno transparente y receptivo. Lo más preocupante es que no tiene por qué ser así.

Según la división de investigación de la Oficina de Asesoramiento Legislativo, los proyectos de ley solicitados se añaden a la lista del BDR en el orden en que se reciben “para que el público tenga conocimiento de los temas que pueden ser considerados en la próxima sesión legislativa”.

Pero el público tiene pocas posibilidades de conocer los temas a tiempo si los legisladores ocultan los proyectos de ley tras vagos resúmenes.

Esto no es culpa de la Oficina de Asesoramiento Legislativo, que sólo puede redactar los proyectos de ley con cierta rapidez. La culpa es de los legisladores que no proporcionan detalles adecuados en sus resúmenes de proyectos de ley para mantener a los electores debidamente informados.

La falta de transparencia no debería sorprender. Recuerde, nuestra legislatura estatal decidió hace años que a pesar de que tiene el poder de aprobar y derogar leyes que dictan cómo vivimos nuestras vidas, no está sujeta a las leyes estatales de reuniones abiertas.

La experiencia nos ha enseñado que el derecho y la vaguedad nunca son una buena imagen para un órgano legislativo.